La vivienda no puede ser un privilegio

Hay una generación de españoles a la que le han cambiado las reglas del juego. Jóvenes que estudian, trabajan, pagan impuestos y cumplen con sus obligaciones, pero que no pueden emanciparse, formar una familia o acceder a una vivienda sin dedicar buena parte de su sueldo a pagar un alquiler. Mientras tanto, quienes deberían aportar soluciones se limitan a anunciar planes, crear portales y aprobar nuevas normas que no hacen más que complicar todavía más el acceso a la vivienda.

La realidad es mucho más sencilla que el discurso político: si no hay viviendas suficientes, los precios suben. Y si además se dificulta la construcción, se bloquea el suelo, se multiplican las trabas administrativas y se castiga fiscalmente al propietario, el resultado solo puede ser uno: menos oferta y una vivienda cada vez más cara.

Desde VOX llevamos años defendiendo una política de vivienda basada en el sentido común. Hay que liberar suelo, agilizar licencias, reducir burocracia y eliminar impuestos y cargas innecesarias que terminan repercutiendo sobre el precio final. Hay que construir más vivienda nueva y protegida y favorecer la colaboración público-privada para que los jóvenes y las familias puedan acceder a una vivienda en propiedad o a un alquiler asequible.

Pero hay una cuestión que no podemos seguir ignorando: la presión sobre la vivienda también depende de la evolución de la demanda. La llegada masiva de población, en un contexto de escasa construcción y oferta insuficiente, añade presión a un mercado que ya no responde a las necesidades de los españoles. La inmigración ilegal no puede normalizarse ni las administraciones pueden mirar hacia otro lado mientras miles de ciudadanos ven cómo se aleja la posibilidad de tener un hogar. Es necesario ordenar los flujos migratorios, hacer cumplir la ley y actuar sobre las causas que agravan la emergencia habitacional.

Por eso defendemos la prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública, protegida y a las ayudas destinadas a conseguirla. Los recursos públicos son limitados y deben atender prioritariamente a los españoles que, con su trabajo, sus impuestos y su esfuerzo, contribuyen al sostenimiento del país. No es razonable que jóvenes y familias que llevan años esperando una oportunidad sientan que sus necesidades quedan relegadas. La política de vivienda debe poner en el centro a los españoles y garantizar criterios claros y justos de acceso.

También hay que decir algo que otros partidos prefieren evitar: el propietario no puede ser tratado como el enemigo. Si quien tiene una vivienda teme alquilarla por la falta de seguridad jurídica, esa vivienda puede acabar fuera del mercado. Defender al propietario que cumple la ley no significa abandonar al inquilino; significa crear las condiciones para que existan más viviendas disponibles y alquileres más razonables.

Y debemos recuperar una idea que parece haberse olvidado: trabajar debe servir para construir un proyecto de vida. No es normal que una persona con empleo tenga que compartir piso indefinidamente, que una pareja retrase la llegada de sus hijos por no poder asumir el coste de un hogar o que nuestros jóvenes tengan que marcharse de sus municipios por los precios.

La vivienda es mucho más que cuatro paredes. Es familia, estabilidad, arraigo y futuro.

Por eso hacen falta menos eslóganes y más viviendas; menos burocracia y más suelo; menos impuestos y más seguridad jurídica. Y, sobre todo, una política que proteja a quienes han trabajado para construir nuestro país.

Porque una España en la que trabajar no permite acceder a una vivienda es una España que está expulsando a quienes deberían ser su futuro.

Alejandro Caro Manzanero Portavoz VOX Sanse