ATME expresa su preocupación ante la difusión de acusaciones que señalan a militares desplegados en Ceuta como presuntos responsables de agresiones a migrantes

Hasta el momento no se han aportado ni hecho públicas pruebas que respalden dichas afirmaciones

La asociación profesional mayoritaria de Tropa y Marinería ha requerido explicaciones al Ministerio de Defensa y le ha reclamado la publicación de un comunicado oficial que aclare la situación y despeje cualquier duda generada por las acusaciones difundidas

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha registrado una solicitud de información dirigida al Ministerio de Defensa tras la aparición en diversos medios de comunicación de informaciones que atribuyen presuntas agresiones y conductas vejatorias a migrantes ilegales por parte de militares desplegados en Ceuta durante la actual crisis migratoria. La Asociación considera necesario esclarecer los hechos y conocer qué actuaciones se han puesto en marcha para garantizar tanto la investigación de las denuncias como la protección jurídica del personal militar afectado.

Asimismo, ATME ha propuesto al Ministerio de Defensa la emisión de una nota informativa oficial con el fin de evitar que la ausencia de una postura institucional clara termine derivando en un descrédito injustificado del personal de las Fuerzas Armadas y de la propia institución.

La Asociación recuerda que los militares destinados en Ceuta llevan semanas sufriendo ataques, provocaciones y agresiones mientras cumplen una misión que nunca debió situarlos en una posición tan vulnerable desde el punto de vista legal y operativo. La ausencia de una protección jurídica específica y la negativa a reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas la condición de agentes de la autoridad generan un escenario de absoluta indefensión que, además de incrementar los riesgos para el personal desplegado, transmite la percepción de que quienes les agreden o formulan acusaciones infundadas apenas afrontan consecuencias reales. Conviene recordar, además, que numerosos episodios de agresión contra militares han concluido simplemente con la salida voluntaria de sus autores hacia Marruecos.

ATME insiste en que, si existieran conductas constitutivas de infracción disciplinaria o delito, estas deberían ser investigadas con el máximo rigor y, en caso de acreditarse, sancionadas conforme a la legalidad vigente. Sin embargo, resulta igualmente llamativo que, en una época en la que prácticamente cualquier incidente puede ser grabado y difundido de forma inmediata mediante teléfonos móviles, no hayan trascendido públicamente imágenes o vídeos que acrediten de manera directa la participación de militares en las presuntas agresiones denunciadas. Hasta el momento, las informaciones conocidas se sustentan fundamentalmente en testimonios, declaraciones y fotografías de lesiones posteriores a los hechos.

La asociación profesional considera que, si los denunciantes o las organizaciones no gubernamentales que difunden estas acusaciones dispusieran de grabaciones o pruebas directas de los hechos, estas ya habrían sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que pudieran ser analizadas con todas las garantías legales y, en su caso, depurarse las responsabilidades correspondientes.

Por ello, ATME reclama la máxima prudencia y rechaza cualquier condena pública anticipada contra los militares desplegados en Ceuta, especialmente cuando ni siquiera consta la apertura de investigaciones formales. De hecho, según ha manifestado el propio Ministerio de Defensa a RTVE, hoy en día no tiene conocimiento de las denuncias publicadas. La presunción de inocencia debe aplicarse con el mismo rigor a los miembros de las Fuerzas Armadas que a cualquier otro ciudadano.

Asimismo, la Asociación advierte de que España se enfrenta desde hace años a fenómenos de presión migratoria que numerosos especialistas encuadran dentro de estrategias propias de la denominada guerra híbrida, cuyo objetivo consiste, en muchas ocasiones, en erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la integridad territorial del Estado. Por ello, cualquier acusación de esta gravedad debe investigarse, pero también tratarse con cautela y sin alimentar campañas de descrédito sustentadas en denuncias que, hasta la fecha, no han sido ni contrastadas ni respaldadas por pruebas públicas conocidas.

Finalmente, ATME reitera que, mientras el personal militar continúe siendo empleado en este tipo de misiones, resulta imprescindible reforzar su protección jurídica, garantizar asistencia legal inmediata ante denuncias relacionadas con el servicio y establecer protocolos claros de actuación que eviten que nuestros militares vuelvan a quedar expuestos a situaciones de inseguridad jurídica.

Los militares merecen el apoyo institucional necesario para cumplir sus misiones con seguridad, respaldo legal y plena garantía de sus derechos.