¿Quién dio la orden de no dejar pasar comida ni bebida al anfiteatro en las fiestas de Sanse?

El viernes 28 de agosto me personé en el anfiteatro Adolfo Conde. Había leído las quejas en redes, había visto los carteles y recibido multitud de llamadas.

Días antes de que arrancaran las fiestas, volvimos a escribir a la alcaldesa del PP, Lucía Fernández para pedirle que garantizara el acceso con comida y bebida, tal y como exige la ley. No hubo respuesta. Las fiestas empezaron el 24 de agosto y volvió a ocurrir lo mismo, con prohibición total para casi todas las noches.

Esa noche pude ver los carteles que la organización colocó en la valla: sin logo, sin firma, sin ninguna referencia legal. Hablé con la seguridad privada, con la policía local y con la nacional. Todos decían lo mismo: son órdenes de Comisaría o son órdenes del gobierno municipal. Nadie sabía —o nadie quería decir— quién había tomado realmente la decisión.

No hablo de un olvido ni de un error de gestión. Hablo de una decisión política con un beneficiario claro: la empresa concesionaria de las barras, que opera en monopolio dentro del recinto y que factura cada vez que un vecino se ve obligado a comprar allí, a precios desorbitados, lo que podría haber traído de casa.

Mucha gente nos preguntaba si era legal entrar comida y bebida y en Izquierda Independiente teníamos clara la respuesta y la seguimos teniendo: SÍ. El Real Decreto 1055/2022 obliga desde 2023 a garantizar agua potable no envasada en este tipo de eventos. La Ley de Defensa de los Consumidores protege el derecho a no verse forzado a consumir en el único puesto de un espacio público de ocio. Una sentencia de 2025 declaró nulas exactamente estas cláusulas en un festival. Nada de eso valió para que una familia pudiera entrar con agua para sus hijos o cualquier vecino con su bebida.

Trasladamos el asunto a las comisiones del pleno de septiembre con una pregunta directa: ¿quién dio la orden? La respuesta del PP fue tan rotunda como inverosímil: no hubo ninguna orden. Pero las pruebas lo contradicen. Los carteles existían, la prohibición se aplicó de forma sistemática, y la seguridad y la policía alegaron ejecutar instrucciones del gobierno municipal. Los responsables de festejos sabían lo que ocurría: se lo comunicamos varias veces.

¿Quién autorizó los carteles? ¿Quién instruyó a la policía? ¿Quién decidió que el propio pliego del Ayuntamiento no se cumpliera? Alguien eligió proteger los ingresos de una empresa antes que los derechos de los vecinos. Solo queda una pregunta: ¿para quién gobierna la alcaldesa, para los vecinos o para los intereses de unos pocos?

Juan Torres García

Concejal y portavoz de Izquierda Independiente