democracia21 reclama a PSOE y PP un acuerdo urgente para despolitizar la Administración

Miriam González Durántez se dirige por carta a los líderes de ambas formaciones para exigirles un acuerdo público de mínimos antes del inicio de la campaña para reformar el sistema de nombramientos de altos cargos de la Administración. Madrid, 6 de noviembre de 2026.
La presidenta de democracia21, Míriam González Durántez, ha remitido una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la que les emplaza a alcanzar un acuerdo público de mínimos para acabar con la politización de la Administración, antes del inicio de la campaña electoral del próximo 13 de noviembre. La iniciativa plantea una primera reforma “concreta, limitada y perfectamente realizable”: cambiar el sistema de nombramiento de los directores generales y subdirectores generales de la Administración para que sus puestos respondan a criterios profesionales y de mérito, y no a la afinidad política o a los cambios de Gobierno.
La líder de democracia21 ha afeado a las dos formaciones políticas mayoritarias que mantengan aparentes diferencias ideológicas insalvables, pero “coincidan en preservar un sistema que beneficia a sus partidos políticos a costa de los ciudadanos”. “Los ciudadanos no pagamos impuestos para financiar redes de lealtades políticas, los pagamos para tener hospitales que funcionen, trenes seguros, colegios de calidad y administraciones que estén a nuestro servicio”, ha sentenciado.
«La Administración pública no pertenece al partido que gana las elecciones. Pertenece a los españoles», afirma en la carta, en la que reclama a ambos dirigentes que respondan públicamente a la propuesta y se comprometan a impulsar la reforma con independencia del resultado electoral y de quién forme el próximo Gobierno. democracia21.es Las cinco medidas del acuerdo de mínimos Más allá de esta primera demanda, la presidenta de democracia21, recoge en su escrito las cinco medidas sobre las que debería articularse el acuerdo respecto a estos altos cargos en la Administración:
• Directores generales exclusivamente funcionarios. Suprimir la excepción legal que permite nombrar a personas que no sean funcionarios de carrera.
• Selección mediante concurso público. Establecer convocatorias abiertas con criterios objetivos de mérito, capacidad y experiencia, evaluadas por comités profesionales e independientes.
• Mandatos estables de cuatro años. Permitir una única prórroga y limitar el cese a causas objetivas establecidas por ley, sin que pueda justificarse por un cambio de Gobierno o de responsable político.
• Presencia en los consejos de administración de empresas públicas. Incorporar como miembros natos a los directores generales despolitizados en el ámbito de sus competencias, para reforzar el control y la independencia.
• Profesionalización de las subdirecciones generales. Establecer procedimientos de nombramiento basados en el mérito y la capacidad, con mandatos de cuatro años, prorrogables una vez, y protección frente a ceses arbitrarios. González defiende que estas medidas permitirían reforzar la autonomía, independencia y continuidad de los profesionales públicos, además de evitar que cada cambio de Gobierno implique la sustitución sistemática de quienes tienen responsabilidades de gestión.




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